Imagen creada con IAEntidades de los sectores de tecnología,industria e infraestructura digital de Brasil intensificaron la presión sobre diputados federales para promover un ajuste de redacción en el PLP 77/2026,que establece reglas para la concesión de beneficios tributarios y la creación de gastos obligatorios en el ejercicio de 2026,afectando directamente al Régimen Especial de Tributación para Servicios de Datacenter (Redata).
El proyecto,enviado por el Senado a la Cámara,tuvo una solicitud de urgencia presentada ayer (25) y está sujeto a la apreciación directa del pleno.
Las entidades llaman la atención sobre el artículo 1º de la propuesta,que prevé excepciones a las restricciones fiscales sólo para proposiciones que otorguen incentivos tributarios y cumplan simultáneamente dos criterios: encuadramiento en el régimen tributario de las áreas de libre comercio y consideración previa de la renuncia de ingresos en la estimación presupuestaria o la presentación de medidas compensatorias.
Ante ello,defienden la sustitución de la conjunción “y” por “o” en el dispositivo,permitiendo que iniciativas con impacto fiscal ya estimado en el Presupuesto puedan avanzar incluso fuera del régimen de las áreas de libre comercio.
Para el sector de TIC,la exigencia acumulativa crea un obstáculo técnico para la viabilidad del Redata,ya que el régimen de incentivos a los Centros de Datos no se encuadraría plenamente en las condiciones previstas.
En un manifiesto conjunto,asociaciones como ABDC,ABEEólica,ABES,Brasscom y CNI argumentan que la renuncia asociada al Redata ya habría sido considerada en la Ley de Presupuesto de 2026 debido a la edición de la MP 1.318 (caducada en febrero),lo que,en la evaluación del sector,justificaría el ajuste técnico en el texto.
Además del PLP en cuestión,las entidades enfrentan la contradicción regulatoria generada por una resolución del Gecex (Comité Ejecutivo de Gestión de la Camex).
Al revisar la Nomenclatura Común del Mercosur,la resolución elevó aranceles de importación para varios equipos de TI,incluidos servidores de gran capacidad,sistemas de almacenamiento y equipos de red. En algunos casos,la alícuota puede llegar hasta el 25%.
Según las entidades,la medida reduce la previsibilidad regulatoria y puede comprometer la atractividad de Brasil para proyectos intensivos en capital y consumo energético,como grandes data centers.
