El Congreso dio luz verde a un decreto que prevé la conformación de nuevas entidades organizativas como el Consejo Nacional de Ciberseguridad.
Cyber Technology Security Protection Monitoring Concept,Advanced Cloud Data Security System,Futuristic Technology Background,3d RenderingEl Congreso de la República de Guatemala aprobó la nueva Ley Marco de Ciberseguridad,que nace como una solución institucional para resguardar la información pública y garantizar la estabilidad de los sistemas informáticos gubernamentales.
De acuerdo con el Congreso,la legislación cobra especial relevancia luego de diversos ciberataques sufridos por dependencias públicas en los últimos años.
Entre los antecedentes más destacados se encuentran vulneraciones al Ministerio de Relaciones Exteriores en 2022,al Ministerio de Finanzas Públicas en 2023 y al Ministerio de Educación en 2024,sumadas a incidentes registrados en 2026 dentro de la Dirección General de Control de Armas y Municiones y la plataforma Tu Empleo.
Para coordinar y ejecutar la estrategia de protección digital a nivel nacional,el decreto prevé la conformación de nuevas entidades organizativas. Entre ellas destaca el Consejo Nacional de Ciberseguridad,un órgano superior de carácter estratégico liderado por el presidente del país junto a ministros y jefes de las áreas de seguridad e inteligencia.
A su vez,la Dirección Nacional de Ciberseguridad,dependiente del Ministerio de Gobernación,actuará como el ente técnico y operativo rector del sector.
El esquema de protección se complementa con el trabajo del Ministerio Público,que contará con una fiscalía dedicada exclusivamente a la investigación de ciberdelitos,apoyada por juzgados especializados y una unidad de informática forense en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.
Adicionalmente,se establecerá la Red 24/7 Guatemala como un canal de enlace permanente para atender alertas e investigaciones internacionales de forma oportuna.
En el ámbito penal,la normativa sanciona formalmente ocho conductas delictivas cometidas en entornos digitales,estableciendo penas que oscilan entre los 2 y los 12 años de prisión según la gravedad y los agravantes,como cuando los ataques se dirigen a infraestructuras críticas.
Las sanciones abarcan el acceso e interceptación ilícita con penas de cuatro a ocho años de cárcel,y los ataques directos a datos y sistemas informáticos con condenas de cinco a ocho años.
Un aspecto determinante de la nueva regulación es la fijación de tiempos de respuesta obligatorios ante cualquier incidente de seguridad,pues se establecen 30 minutos de límite cuando se comprometa infraestructura crítica,seis horas para emergencias generales y 72 horas para entregar una evaluación completa del suceso.
Como parte de las medidas preventivas y educativas,el Ministerio de Educación adaptará el Currículo Nacional Base para impartir formación sobre ciberseguridad en las escuelas,a la vez que se instalará una Mesa Técnica integrada por los sectores público,privado,académico y civil.
La ley entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario de Centro América,y el Ministerio de Gobernación dispondrá de seis meses a partir de esa fecha para emitir su reglamento operativo.
